El caso Falcón ha hecho descorrer las cortinas que han ocultado, por años, el sistema de impunidad que cobija la corrupción administrativa y la expansión del crimen organizado en nuestro país.
La coalición funesta de políticos, legisladores, funcionarios y con mucha seguridad jueces y fiscales, en la comisión de una amplia gama de delitos, ha permitido ver ahora con más claridad la existencia de un Estado rehén de esas iniquidades.
Para que la sociedad pueda extirpar ese cáncer es preciso contar con una firme voluntad de los líderes de los poderes públicos que permita revalorizar la majestad de las leyes, la dureza de sus penas y la restitución de los dañados pilares de la institucionalidad.
Mientras las cabezas del poder ejecutivo y del ministerio público se orientan en la dirección de este rescate, es necesario aguijonear y fortalecer la judicatura para que actúe ahora con más eficiencia aplicando a todo el que delinque las penas y sanciones que contemplan los códigos.
En definitiva, se impone declararle una guerra a la impunidad y a los tráficos de influencia de los que se valen, especialmente, los agentes del crimen organizado y los funcionarios y militares corruptos, para que los jueces y fiscales venales sean indulgentes frente a sus atrocidades.
En un contexto de refundación de este sistema judicial, se cae de la mata la impostergable necesidad de crear tribunales especiales para juzgar a los narcos con magistrados íntegros que castiguen e impidan que los delincuentes salgan con facilidad de las cárceles valiéndose de su poder económico y las influencias políticas.
En esa refundación es clave que los procesos se realicen sin sospechosas demoras que dan lugar, como ha sido la costumbre, a que los casos se diluyan o a que mediante tecnicismos legales y compra o chantajes a jueces, los narcos, sus sicarios y cómplices sigan reincidiendo en sus fechorías.
A la justicia le ha llegado el turno de librarse de todas las manchas y debilidades que, a lo largo de muchos años, la han ido hundiendo en el descrédito y la desconfianza de los ciudadanos.
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