Alejandra Cano pensó que no corría riesgo alguno.
Llevaba cinco años sobria, tras décadas de batallar contra la adicción a las drogas. Había tenido varios problemas policiales cuando consumía, mayormente por robar en tiendas. Pero esa fue su vida previa.
Ahora Cano, de 46 años, era una madre soltera que trabajaba y vivía en un cómodo departamento del West Side de Chicago con sus dos hijos adolescentes. No veía a su padre ni su tierra natal desde hacía casi 20 años y decidió viajar a Chile en agosto del 2019.
“Tenía mi green card”, la tarjeta verde de residente permanente, señaló. “No tenía razón alguna para preocuparme”.
Se equivocaba. Al regresar de Chile, agentes del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza del Aeropuerto Internacional O’Hare la detuvieron. Habían visto sus antecedentes en la computadora y luego de una espera de horas, le sacaron su tarjeta verde. El gobierno quería anular su permiso de residencia y deportarla.
Cano es una de miles de personas —incluidos inmigrantes indocumentados, personas con visa y residentes— que sobrellevan procesos de deportación todos los años en Chicago, según datos de los tribunales federales de inmigración reunidos por la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.
Los arrestos llaman la atención del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE), lo mismo que ciertas condenas.
Las personas que no son ciudadanas pueden terminar siendo deportadas en lo que se conoce como “efectos colaterales”, algo parecido a la pérdida del derecho al voto y otros castigos civiles aplicados cuando alguien es condenado por alguna falta.
La Oficina del Defensor Público del Condado de Cook calcula que su personal representa a cientos de personas que no son ciudadanas, acusadas de algún delito, todas las cuales pueden sufrir “efectos colaterales”.
Una nueva unidad de la defensoría pública abocada a los inmigrantes trata de evitar estas deportaciones por alguna infracción del pasado. Trabaja con defensores públicos, fiscales y organizaciones comunitarias, y trata de asegurarse de que los inmigrantes están al tanto de las consecuencias que pueden tener si negocian un acuerdo con los fiscales.
Ese siempre fue un requisito en Illinois, pero Cano asegura que su defensor público jamás le informó, algo que ocurre muy a menudo, según varios abogados de inmigración del condado de Cook que hablaron con Injustice Watch and Borderless Magazine.
Tres de los cinco delitos por los cuales Cano se declaró culpable entre el 2005 y el 2013 fueron por robar en tiendas. Esto puede ser castigado con la deportación.
De haberlo sabido, Cano dijo que lo hubiera pensado dos veces antes de subirse al avión. “Al menos hubiera contratado a un abogado de inmigración para que me ayudase a ver cuál era la situación”.
Delitos deportables
Los temas inmigratorios figuran prominentemente en los juzgados del condado de Cook, donde uno de cada cinco residentes nació en el exterior. Muchos de esos residentes viven en la zona metropolitana de Chicago, donde residen unos 480.000 extranjeros con permiso de residencia y unos 460.000 indocumentados, de acuerdo con un reciente estudio publicado por The Chicago Council on Global Affairs.
No está claro cuántos extranjeros que no son ciudadanos de Estados Unidos enfrentan cargos penales en el condado de Cook pues los tribunales no toman nota del status inmigratorio de los acusados. Un estudio interno llevado a cabo el año pasado por los defensores públicos de Cook señaló que esa unidad defendió a unos 700 extranjeros de más de 80 países el año pasado.
“El status inmigratorio de toda esta gente enfrenta consecuencias derivadas de esos delitos”, expresó la defensora pública del condado Sharone Mitchell Jr.
En lo que respecta a qué tipo de delitos pueden motivar la deportación, las leyes inmigratorias son precisas y vagas al mismo tiempo. Los delitos deportables generalmente entran dentro de dos categorías: la de delitos graves con agravantes —como tráfico de drogas, hacer declaraciones impositivas falsas o no presentarse a una cita judicial— y delitos que involucran alguna inmoralidad.
Esta última categoría es difusa. El propio Departamento de Justicia dijo que “es difícil definir con precisión” esos delitos. La categoría abarca asesinatos y otros actos de violencia, y también delitos sin violencia, como desfalco, fraude, falsificación y robo. Ante la ausencia de una definición clara, los tribunales pueden usar su discreción dependiendo del caso.
Para complicar más las cosas, sentencias alternativas —como libertad bajo palabra, restitución, servicios comunitarios y tratamientos de rehabilitación—, a las que se recurre con frecuencia para llegar a un acuerdo con los fiscales, también pueden provocar una deportación.
Por ello, no es sencillo determinar de antemano cuales pueden ser los “efectos colaterales” en estos casos de inmigración.
Si bien los abogados están obligados por ley a informar a un cliente si un arreglo extrajudicial conlleva el peligro de deportación, numerosos abogados de inmigración de Chicago dijeron a Injustice Watch and Borderless Magazine que, en la práctica, hay lagunas en el sistema que privan a los inmigrantes de la protección de los “efectos colaterales”.
Kate Ramos, abogada del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante (National Immigrant Justice Center), una organización de Chicago sin fines de lucro, representa a Cano en la lucha por evitar la deportación. La chilena no es la única clienta que se expone a ser deportada tras haber llegado a un acuerdo con la fiscalía, según Ramos: “Muchos de nuestros clientes nos dicen que no estaban al tanto de las consecuencias”.
La presencia de una unidad para la inmigración en la oficina de la defensoría pública puede ser importante, de acuerdo con Ramos. “Los defensores públicos no son abogados de inmigración”, manifestó. “Buscan lo mejor para sus clientes desde una perspectiva penal, por eso es importante tener una oficina que presta atención a las dos cosas”, consecuencias penales e inmigración.
Antes de que la unidad abocada a los casos de inmigración empezase a funcionar, los defensores públicos consultaban con abogados de inmigración caso por caso.
Pero Angela Kilpatrick, directora de la defensoría pública del juzgado de Bridgeview en el condado de Cook, dijo que a veces no es sencillo encontrar un equilibrio entre las necesidades inmediatas de un cliente —como una admisión de culpabilidad para recuperar la libertad, por ejemplo— y el posible impacto en su status inmigratorio en el futuro.
Contar con un abogado de inmigración en la misma defensoría del pueblo ayuda mucho, según Kilpatrick.
Al frente de la unidad está la abogada Hena Mansori, de amplia experiencia en el terreno de la inmigración y quien trabajó más de una década en el Centro Nacional para la Justicia del Inmigrante. Desde enero ha estado preparando a decenas de defensores públicos vía Zoom y creando un nuevo sistema para identificar los casos en los que los defensores públicos defienden a extranjeros. El sistema estará protegido por los privilegios de abogado-cliente, de modo que los inmigrantes no tendrán que preocuparse por la posibilidad de que el ICE les pise los talones
La unidad de inmigración por ahora tiene un solo integrante, pero se planea contratar a dos abogados de inmigración y otra persona que asista a Mansori este año, según Mansori.
Un abogado por cada inmigrante
Si bien la Sexta Enmienda de la constitución garantiza el derecho a un abogado, los tribunales de inmigración no reconocen ese derecho. El año pasado, el 66% de los inmigrantes sometidos a procesos de deportación no contaron con uno, según Transactional Records Access Clearinghouse, de la Universidad de Syracuse. En los tribunales de inmigración de Chicago, esa cifra se acerca al 70%.
Cuando los inmigrantes que corren peligro de ser deportados cuentan con un abogado, tienen diez veces más posibilidades de ganar sus casos, de acuerdo con un análisis del Instituto de Justicia Vera.
